El Gobierno pide las declaraciones de Magnetto, Videla, Herrera de Noble, y Bartolomé Mitre por la causa Papel Prensa
A través del Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner pidió la declaración indagatoria de Jorge Rafael Videla, José Alfredo Martínez de Hoz, Laura Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto y Bartolomé Luis Mitre, entre otros, por la causa que los involucra con “apropiación ilícita” de Papel Prensa durante la última dictadura, ante el Juzgado Federal 3 de La Plata.
Duhalde llevó a cabo la querella con el patrocinio del secretario de Protección de los Derechos Humanos, Luis Alén, y el Procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, quien en el día de la fecha no se hallaba en el país, pero “la ratificará posteriormente”.
“El Poder Ejecutivo Nacional -al que esta Secretaría representa- entiende que los hechos de esta querella constituyen graves delitos previstos por derecho penal internacional y que configuran violaciones a los derechos humanos”, señala textualmente el escrito.
En el mismo, se pide investigar los hechos “que constituyen delitos de lesa humanidad” en pos “alcanzar la verdad histórica en cuanto al destino e identificación de las víctimas”.
Invoca prescripciones de la Constitución Nacional, las declaraciones Americana y Universal de Derechos Humanos, convenciones y pactos internacionales, la querella se remite también al Código Procesal Penal de la Nación “por la apropiación ilícita de la empresa Papel Prensa S.A.”
Se nombran los delitos de “extorsión, privación ilegítima de la libertad, tortura, vejaciones y asociación ilícita”, para la obtención de Papel Prensa, donde “resultaron víctimas Juan Graiver, Eva Gitnacht de Graiver, Enrique Brodsky, Isidoro Miguel Graiver, Lidia Haydeé Brodsky de Graiver, Lidia Elba Papaleo de Graiver, Rafael Ianover, Lidia C. Gesualdi y Silvia Fanjul”.
“Las torturas seguidas de muerte de Jorge Rubinstein (…) deben calificarse como crímenes contra la humanidad y, por ende, imprescriptibles”, dijo Duhalde durante la presentación.
Emilio Eduardo Massera, Raymundo Juan Pío Podestá, Sergio José Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos y Hugo Fernando Peralta Ramos, fueron también llamados a declarar por parte de Duhalde.
El escrito cuenta con 200 páginas, y aborda la legitimación de la Secretaría de Derechos Humanos para querellar, y ofrece una descripción de “los grandes beneficiarios” civiles y el papel de “los grandes medios de prensa asociados con la dictadura”, aludiendo a Clarín y La Nación, y su maniobra para quedarse con Papel Prensa.
En otro trayecto del texto, Duhalde fundamenta “la coerción genérica al Grupo Graiver y su temor -terror- fundado, por medio de intimidación y amenazas, con el que se obligó a varios de los damnificados a vender las acciones de Papel Prensa S.A. a los diarios Clarín, La Nación y La Razón”. Acciones concertadas “junto a las más altas cúpulas del gobierno de facto”.
A través del Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner pidió la declaración indagatoria de Jorge Rafael Videla, José Alfredo Martínez de Hoz, Laura Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto y Bartolomé Luis Mitre, entre otros, por la causa que los involucra con “apropiación ilícita” de Papel Prensa durante la última dictadura, ante el Juzgado Federal 3 de La Plata.
Duhalde llevó a cabo la querella con el patrocinio del secretario de Protección de los Derechos Humanos, Luis Alén, y el Procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, quien en el día de la fecha no se hallaba en el país, pero “la ratificará posteriormente”.
“El Poder Ejecutivo Nacional -al que esta Secretaría representa- entiende que los hechos de esta querella constituyen graves delitos previstos por derecho penal internacional y que configuran violaciones a los derechos humanos”, señala textualmente el escrito.
En el mismo, se pide investigar los hechos “que constituyen delitos de lesa humanidad” en pos “alcanzar la verdad histórica en cuanto al destino e identificación de las víctimas”.
Invoca prescripciones de la Constitución Nacional, las declaraciones Americana y Universal de Derechos Humanos, convenciones y pactos internacionales, la querella se remite también al Código Procesal Penal de la Nación “por la apropiación ilícita de la empresa Papel Prensa S.A.”
Se nombran los delitos de “extorsión, privación ilegítima de la libertad, tortura, vejaciones y asociación ilícita”, para la obtención de Papel Prensa, donde “resultaron víctimas Juan Graiver, Eva Gitnacht de Graiver, Enrique Brodsky, Isidoro Miguel Graiver, Lidia Haydeé Brodsky de Graiver, Lidia Elba Papaleo de Graiver, Rafael Ianover, Lidia C. Gesualdi y Silvia Fanjul”.
“Las torturas seguidas de muerte de Jorge Rubinstein (…) deben calificarse como crímenes contra la humanidad y, por ende, imprescriptibles”, dijo Duhalde durante la presentación.
Emilio Eduardo Massera, Raymundo Juan Pío Podestá, Sergio José Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos y Hugo Fernando Peralta Ramos, fueron también llamados a declarar por parte de Duhalde.
El escrito cuenta con 200 páginas, y aborda la legitimación de la Secretaría de Derechos Humanos para querellar, y ofrece una descripción de “los grandes beneficiarios” civiles y el papel de “los grandes medios de prensa asociados con la dictadura”, aludiendo a Clarín y La Nación, y su maniobra para quedarse con Papel Prensa.
En otro trayecto del texto, Duhalde fundamenta “la coerción genérica al Grupo Graiver y su temor -terror- fundado, por medio de intimidación y amenazas, con el que se obligó a varios de los damnificados a vender las acciones de Papel Prensa S.A. a los diarios Clarín, La Nación y La Razón”. Acciones concertadas “junto a las más altas cúpulas del gobierno de facto”.
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